China no debe tolerar el engaño académico
El Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció el jueves los resultados de una investigación sobre un escándalo en el que una revista médica extranjera retiró 107 documentos chinos debido a un fraude de revisión.
En abril, la revista médica Tumor Biology, publicada por Springer Nature, retiró unos 107 artículos escritos por expertos chinos, después de que se descubriera que las direcciones de correo electrónico de los revisores eran inventadas. Tras la retirada de los artículos, se formó un grupo de trabajo mixto a nivel ministerial para examinar el asunto.
De acuerdo con la investigación, de los 521 autores involucrados, 486 fueron culpables de mala conducta a diversos niveles, 24 todavía están siendo investigados y 11 fueron considerados inocentes.
Los malhechores están pagando un precio enorme por su deshonestidad. De los autores involucrados, 376 tendrán prohibido realizar programas de investigación durante un largo período de tiempo y han tenido que devolver sus fondos de investigación. También se les ha revocado sus premios y honores, así como la elegibilidad para una promoción.
Las penalizaciones demuestran la determinación del país por erradicar las malas prácticas académicas. Durante años se han oído denuncias sobre programas de investigación contaminados y de plagio académico, pero pocas de ellas fueron tomadas en serio por las autoridades de supervisión. Como resultado, algunos expertos conocidos por sus malas prácticas académicas podían salirse con las suyas y continuar con sus malas acciones.
Los castigos impuestos a quienes están detrás de los 107 documentos comprometidos deberían ayudar a restablecer la integridad académica de la nación. Es universalmente aceptado que el fraude académico debe venir con enormes consecuencias. China tiene todo el derecho de sanear su entorno académico.
Por su parte, las universidades chinas y los institutos de investigación deberían incluir en la lista negra a todos los investigadores que hayan cometido fraude, y se requieren esfuerzos legislativos adicionales para hacerlos responsables en virtud del Código Penal.